Autor: Santiago Calderón Chávez
CEO & Co-Founder de ELÍAS
La pregunta ya no es si los abogados están usando inteligencia artificial. La pregunta útil es otra: ¿cómo puede utilizarla un abogado sin renunciar a las obligaciones que hacen confiable su trabajo?
Durante los últimos años, herramientas como ChatGPT dejaron de ser una curiosidad para convertirse en instrumentos cotidianos de investigación, redacción, análisis y organización. En los despachos, su utilidad es evidente: permiten sintetizar documentos, proponer estructuras, comparar argumentos, preparar borradores y acelerar tareas que antes consumían horas.
Pero el trabajo jurídico tiene una particularidad. Un abogado no trabaja solamente con texto. Trabaja con información confidencial, hechos controvertidos, estrategias procesales, datos personales, decisiones que afectan derechos y documentos que pueden terminar frente a una autoridad.
Por eso, utilizar inteligencia artificial en Derecho no puede reducirse a “escribir un buen prompt”. Requiere criterio profesional, controles y responsabilidad.
El problema no es usar inteligencia artificial
Plantear la discusión como una prohibición general es poco realista y, probablemente, contraproducente.
La inteligencia artificial ya puede aportar valor real en actividades jurídicas: resumir un expediente, ordenar cronologías, detectar inconsistencias, comparar contratos, sugerir líneas de investigación, convertir información desestructurada en datos útiles o preparar un primer borrador.
El problema aparece cuando el abogado confunde asistencia con delegación de responsabilidad.
Una herramienta puede ayudar a producir una respuesta. No asume por ello la responsabilidad de que esa respuesta sea correcta, adecuada al caso, compatible con la estrategia del cliente o jurídicamente defendible.
Ésa sigue siendo responsabilidad del abogado.
Como referencia comparada, la American Bar Association, en su Formal Opinion 512 sobre inteligencia artificial generativa, identificó obligaciones que siguen vigentes cuando un abogado utiliza estas herramientas: competencia, confidencialidad, comunicación con el cliente, supervisión, deberes frente a tribunales y razonabilidad de honorarios.
La tecnología cambia. La responsabilidad profesional no desaparece con ella.
Primer límite: la información confidencial no es material de prueba
Uno de los errores más fáciles de cometer es copiar información de un asunto directamente en una herramienta sin revisar antes qué ocurre con esos datos.
Un expediente puede contener nombres, domicilios, datos patrimoniales, información bancaria, secretos comerciales, estrategias procesales, comunicaciones internas o datos personales sensibles. Introducirlos en una plataforma externa implica una decisión sobre tratamiento y custodia de información.
En México, además del deber profesional de reserva, la legislación de protección de datos personales obliga a quienes tratan información a observar principios de finalidad, proporcionalidad, información, responsabilidad y seguridad.
Eso significa que antes de utilizar una herramienta de IA con información real de clientes, un despacho debería poder responder preguntas bastante concretas:
¿Dónde se procesa la información?
¿Durante cuánto tiempo se conserva?
¿Puede utilizarse para entrenar modelos?
¿Quién puede acceder a ella?
¿Existen controles empresariales de privacidad y seguridad?
¿Podemos eliminarla?
¿Tenemos autorización para introducirla en ese sistema?
La diferencia entre usar una herramienta para preguntar “¿cuáles son los elementos generales de una acción?” y subir un expediente completo con datos identificables es enorme.
No toda consulta tiene el mismo riesgo.
Segundo límite: una respuesta convincente puede seguir estando equivocada
Éste es quizá el riesgo más conocido de la inteligencia artificial generativa.
Los modelos pueden producir respuestas fluidas, estructuradas y aparentemente sólidas incluso cuando contienen errores.
En Derecho, eso es especialmente delicado porque una respuesta incorrecta puede parecer jurídicamente razonable. Una tesis inexistente puede tener un rubro plausible. Un artículo mal citado puede sonar correcto. Una regla aplicable en otro estado, materia o momento procesal puede presentarse como si resolviera el caso.
Por eso la regla debería ser sencilla:
la inteligencia artificial puede acelerar la investigación, pero no sustituye la verificación jurídica.
Si una respuesta depende de una norma, jurisprudencia, plazo, competencia, requisito procesal o criterio jurisdiccional, la fuente debe revisarse.
El abogado no debería preguntar únicamente: “¿suena bien?”.
Debería poder responder: “¿de dónde sale?”.
Tercer límite: el contexto importa más que el texto
La mayoría de los problemas jurídicos no se resuelven redactando párrafos aislados.
Un mismo argumento puede ser correcto en abstracto y completamente inútil para un expediente concreto.
Importa quién promueve. Importa el acto reclamado. Importa la etapa procesal. Importa lo que ya se alegó. Importa la prueba disponible. Importan los términos. Importa la autoridad. Importa qué ocurrió antes y qué objetivo persigue el cliente.
Ésta es una de las diferencias más importantes entre utilizar una IA como generador de texto y utilizarla como herramienta jurídica.
El valor no está solamente en producir lenguaje. Está en trabajar sobre el contexto correcto.
Por eso, mientras más crítica sea una tarea, menos razonable resulta tratarla como una conversación aislada con un chatbot que desconoce el expediente completo.
Cuarto límite: el despacho necesita reglas, no sólo usuarios cuidadosos
Cuando el uso de inteligencia artificial depende exclusivamente de que cada abogado “tenga cuidado”, aparece un problema organizacional.
Un asociado puede utilizar una cuenta personal. Otro puede subir documentos a una herramienta distinta. Un tercero puede confiar en respuestas sin verificar fuentes. El socio puede no saber siquiera qué sistemas están utilizando las personas que trabajan en sus asuntos.
Eso crea lo que hoy suele llamarse shadow AI: uso de herramientas de inteligencia artificial fuera de los sistemas y controles aprobados por la organización.
El riesgo no surge porque la gente utilice tecnología. Surge porque la organización no sabe qué tecnología utiliza, con qué información y bajo qué reglas.
Una política razonable de IA para un despacho debería definir, como mínimo:
qué herramientas están autorizadas;
qué información puede introducirse;
qué información debe anonimizarse o excluirse;
qué tipos de resultado requieren verificación obligatoria;
quién responde por la revisión final;
cómo se documentan las fuentes relevantes;
cuándo debe informarse al cliente sobre el uso de la herramienta;
qué controles de acceso y seguridad son obligatorios.
No se necesita un manual de cien páginas. Se necesita claridad operativa.
¿Debe informarse siempre al cliente?
No necesariamente de la misma manera en todos los casos.
Usar una herramienta para mejorar la redacción de un correo no plantea las mismas implicaciones que utilizar un sistema para analizar miles de documentos del cliente, generar una estrategia o ejecutar procesos de forma autónoma.
La pregunta razonable es si el uso de la herramienta puede ser material para la representación: por la información compartida, por su impacto en decisiones relevantes, por condiciones contractuales o regulatorias, o porque el cliente haya establecido políticas específicas sobre IA.
La transparencia debe ser proporcional al riesgo y al tipo de uso.
¿Entonces puede un abogado usar ChatGPT?
Sí, pero ésa es una respuesta incompleta.
La pregunta correcta es: ¿para qué, con qué información, bajo qué controles y con qué nivel de revisión?
Un abogado puede utilizar inteligencia artificial para acelerar tareas, explorar alternativas y organizar conocimiento. Lo que no debería hacer es transferir a la herramienta aquello que jurídicamente sigue siendo responsabilidad suya: proteger la información del cliente, verificar el Derecho aplicable, ejercer criterio profesional y responder por el trabajo entregado.
La adopción madura de IA jurídica no consiste en confiar ciegamente en la tecnología ni en prohibirla por miedo.
Consiste en diseñar una forma de trabajo donde la máquina amplíe la capacidad del abogado sin diluir su responsabilidad.
Preguntas frecuentes ¿Es ilegal que un abogado use ChatGPT?
No existe una prohibición general que impida a un abogado utilizar herramientas de inteligencia artificial. El punto relevante es que su uso respete las obligaciones profesionales, contractuales y de protección de información aplicables a cada asunto.
¿Puedo subir un expediente completo a una IA?
No debería hacerse automáticamente. Antes hay que revisar la sensibilidad de la información, las condiciones de tratamiento de datos de la herramienta, las autorizaciones aplicables y los controles de seguridad disponibles.
¿Puedo citar jurisprudencia obtenida de una IA?
La IA puede ayudar a localizar o sugerir criterios, pero las citas deben verificarse en fuentes jurídicas confiables antes de incorporarse a un escrito o asesoría.
¿Quién responde si la IA se equivoca?
Frente al cliente, al tribunal y al trabajo profesional, el abogado no deja de ser responsable simplemente porque una herramienta haya generado el contenido inicial.
Cierre
La inteligencia artificial puede convertirse en una de las herramientas más importantes de la práctica jurídica. Pero su adopción real comienza cuando dejamos de preguntar solamente qué puede hacer y empezamos a definir cómo debe utilizarse.
En Derecho, velocidad sin confidencialidad, fuentes y criterio no es innovación. Es riesgo.